Hace exactamente 22 años, el 18 de diciembre de 1990, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Ahora, "con las restricciones presupuestarias, vemos medidas de austeridad que discriminan a los trabajadores migrantes, una retórica xenófoba que alienta la violencia y propuestas de leyes que permiten a la policía elaborar perfiles de los migrantes con total impunidad", dijo el secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Ban Ki-moon, en un mensaje relativo al Día Internacional del Migrante, que también se celebra este martes 18.
Las migraciones, tan antiguas como la humanidad, son cada vez más comunes. En 2000 había 15 millones de migrantes internacionales y ahora hay 214 millones, con lo que constituyen "el quinto país más poblado del mundo", según la ONU.
La mira está puesta en la Unión Europea (UE), cuyas políticas migratorias generan críticas desde varios ángulos.
Desde que se sumó al bloque, en 2004, Polonia debe custodiar una frontera de 1.200 kilómetros con Belarús y Ucrania, dos estados no miembros de la UE. Esa es una de las principales puertas de entrada terrestre para la inmigración, y así este país se vio obligado a poner su parte en la seguridad europea.
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Mientras se preparaba para integrarse a la UE, Polonia se retiró de antiguos acuerdos de "libre circulación" con repúblicas exsoviéticas: en 2003 se reintrodujeron las visas para rusos, ucranianos y georgianos, que llevaban 24 años circulando libremente.
Varsovia también está restringiendo la cantidad de solicitudes de asilo que acepta. Desde los años 90, hubo un aumento gradual en la cantidad de solicitantes, que pasaron de 3.400 en 1998 a unos 10.500 en 2009.
Sin embargo, a partir de 2009 la cantidad de solicitantes de asilo cayó, con aproximadamente 6.500 postulaciones presentadas en 2010 y unas 6.900 en 2011.
En 2010 también se contrajo el número de quienes recibieron esta protección internacional: según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Polonia reconoció el carácter de refugiadas apenas a 82 personas, 38 por ciento que en 2009.
Este año, para mediados de noviembre 83 personas habían recibido el estatus de refugiadas y 372 habían obtenido una forma secundaria de protección, aunque las postulaciones volvieron a aumentar.
En 2008, un año después de unirse al Área de Schengen, espacio de libre circulación en Europa, Polonia inauguró o modernizó los seis centros de detención para inmigrantes que actualmente opera.
Pese a las nuevas barreras, inmigrantes desesperados todavía hallan maneras de ingresar a Polonia, a menudo a un alto costo. Se estima que alrededor de 150.000 inmigrantes se emplean informalmente en la construcción en temporada alta, y que la mayoría de ellos son ucranianos.
Es más difícil estimar los números de quienes se dedican a la agricultura o realizan trabajos domésticos. Igualmente difícil es garantizarles derechos.
Los georgianos y rusos de origen checheno constituyen los mayores grupos de solicitantes de asilo en Polonia. Este año hubo unas 4.800 postulaciones de ciudadanos rusos, la mayoría chechenos, y casi 3.000 de georgianos.
Culpados por buscar una vida mejor
Los solicitantes de asilo, especialmente los procedentes del este, despiertan muy poca simpatía en las autoridades polacas. Hasta la fecha, ningún georgiano ha recibido estatus de refugiado en Polonia.
Según funcionarios, a menudo los inmigrantes son "culpables de mentir" cuando piden asilo político, porque en realidad buscan trabajo en Europa occidental.
"Si vienen por motivos puramente económicos, hay que atenderlos lo mejor posible en nuestros centros y luego devolverlos a sus países de origen. De otro modo, pueden poner en riesgo sus vidas y su salud al intentar avanzar hacia el oeste", dijo a IPS el coronel Andrzej Jakubaszek, director del Departamento de Extranjería de la Guardia Fronteriza polaca.
"Siempre los enviamos de regreso en un plazo de días, una semana, un mes. Y luego la UE nos pregunta qué hacemos para proteger las fronteras externas de la Unión", agregó.
Todas las autoridades migratorias polacas tienen muy presente el Reglamento Dublín II de la UE, que requiere registrar las huellas dactilares de los inmigrantes apenas ingresan al bloque y devolverlos al primer país por el que entraron si son atrapados en otro.
¿Detención como primera alternativa?
Pero activistas por los derechos de los inmigrantes critican que el gobierno prefiera una política de detenciones masivas antes de explorar otras opciones.
La detención debería usarse solo como último recurso, según Aleksandra Chrzanowska, de la Asociación para la Intervención Legal, una organización no gubernamental que trabaja con inmigrantes.
Ella cree que para las poblaciones que llegan a Polonia en busca de trabajo, como la mayoría de los georgianos, el Estado polaco debería considerar emitir permisos de empleo.
Las exageraciones sobre los inmigrantes que llegan para "robar los empleos polacos" son resultado del alarmismo, según los activistas.
En un país de 40 millones de habitantes, unos miles de inmigrantes que ingresan por año difícilmente marquen una diferencia significativa en las cifras de empleo.
Pero la detención destruye las vidas de los inmigrantes. Detenidos en varios centros polacos que hablaron con IPS describieron una alimentación pobre y falta de medicamentos esenciales y de una muy necesaria atención psicológica.
Además, denunciaron que no acceden a información sobre sus derechos en idiomas que comprendan, y que apenas se les permite caminar al aire libre una o dos horas por día.
"Una de las cosas más importantes sería recibir tratamiento médico adecuado", dijo Osman Rafik, un pakistaní recluido en el centro de detenciones de Bialystok desde marzo.
"Recibo píldoras de calcio para la gripe y para mi úlcera estomacal. Pero tal vez lo más importante es cambiar el comportamiento de los guardias fronterizos y poner fin a las detenciones, por lo menos a las muy prolongadas", agregó.
Las autoridades de campamentos como el de Biala Podlaska, ubicado cerca de la frontera con Belarús, y el de Lesznowola, 15 kilómetros al sur de Varsovia, niegan la mayoría de las denuncias.
"Somos conscientes de que las personas (detenidas) aquí han cometido apenas delitos administrativos y no son delincuentes, y hacemos lo mejor que podemos para mejorar las condiciones, pero debemos tener en cuenta la seguridad", dijo a IPS el mayor Wojciech Rogowski, director de Biala Podlaska.
La seguridad puede ser invocada demasiado a menudo, especialmente cuando la detención es la respuesta esencial a la inmigración. Se la usa para negar a los inmigrantes el derecho a utilizar teléfonos celulares o Internet, para justificar una política de controles permanentes de todos los corredores, para restringir las visitas y para reducir el tiempo que pasan los detenidos fuera de las habitaciones.
Organizaciones de derechos humanos advierten que la crisis económica en Europa alimenta una arremetida contra los inmigrantes.
En países de Europa central y oriental como Polonia, que están dispuestos a seguir las tendencias de la UE pero carecen de la capacidad para implementar políticas migratorias más complejas, hay riesgo de detenciones aun más masivas.
"Cada vez hay más solicitantes de asilo detenidos (en Europa central y oriental); ya sea por políticas nacionales más severas o por falta de instalaciones abiertas de alojamiento, los solicitantes acaban en centros de detención", señala un informe de 2011 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
"En definitiva, estas son políticas europeas", dijo Chrzanowska.
"Los centros de detención se construyen con dinero de la UE, y hay mucha presión para (proteger) las fronteras. Pero todo eso no debería impedirnos ver que estas personas no son delincuentes y que debemos seguir buscando alternativas para ellas", añadió.
* Este artículo es el segundo de una serie de dos sobre inmigración en la Unión Europea.
